El mercado del agua en España se concibió por el legislador como un instrumento que permitiría alcanzar una mayor eficiencia en el uso del agua en virtud de la reasignación de recursos que implicaba, sin originar nueva demanda, mediante la redistribución de unos caudales que ya habían sido concedidos. Esto habría de ayudar a superar el estancamiento en que por su rigidez se encontraban los instrumentos de gestión tradicionales. Sin embargo, fueron instituciones muy contestadas, por lo que desde su creación e implantación en el Derecho español los contratos de cesión y los bancos de agua se han visto sometidos a diversas reformas para fomentar su efectiva aplicación, dada la rigidez con se regularon de forma prístina. Así, desde el Real Decreto Ley 15/2005, de 16 de diciembre, y sus sucesivas prórrogas que vinieron a ampliar el círculo de sujetos que podían acudir al mercado del agua, en los últimos años se han sometido de nuevo a diversas reformas de distinto alcance como el Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (después tramitado como Ley y publicado como la Ley 11/2012, de 19 de diciembre), seguida de otras que afectaron a los reglamentos que desarrollan la ley de aguas o la Ley 21/2013, de 13 de diciembre, de Evaluación Ambiental que flexibilizó definitivamente el régimen jurídico de la utilización de las infraestructuras intercuencas.
Ante esta evolución normativa, en la jornada que se presenta además de estudiar el marco legal se expondrá el alcance y efectividad que dichas reformas han producido en la puesta en práctica de los mercados en las cuencas más deficitarias, únicas que desde su creación los han empleado.
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